La educación se considera como un proceso que permite facilitar tanto la adquisición de conocimientos como la creación de técnicas que permitan facilitar el aprendizaje de las personas. Dado que la misma suele empezar desde tempranas etapas del desarrollo, busca formar individuos que no solo posean conocimientos generales de tópicos de conocimiento general, sino también busca la instrucción de valores éticos y culturales, lo que permite formar personas que aportarán esos conocimientos para el crecimiento y desarrollo de la sociedad. Por esto mismo, son grandes los esfuerzos que se han hecho a lo largo de la historia para considerar la educación como derecho humano. Pero ¿qué es el derecho a la educación? Ampliemos un poco al respecto.
Derecho a la educación
Principalmente, la educación es considerada como un derecho humano fundamental, esto siendo reconocido por entes internacionales (como la UNESCO). Este mismo establece que toda persona debe tener derecho a una educación primaria gratuita y obligatoria, sin distinguir en el proceso por raza, sexo, creencias religiosas o clases sociales. En un sentido más extenso, también establece que todos los individuos deben tener un acceso igualitario a una educación superior. Entes internacionales como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la Unesco están encargados de fomentar y remarcar la importancia de este derecho humano.
A pesar de los esfuerzos, el derecho a la educación no es mundialmente respetado. Se estima que aproximadamente existen 61 millones de infantes y 758 millones de adultos que son analfabetos a lo largo del globo, esto por una carencia de instrucción primaria (estas cifras dadas según el Global Education Monitoring Report del 2016).
Existe aún más preocupación en el asunto, cuando se empieza a observar la distinción en el acceso a una educación de calidad entre mujeres y hombres, ya que es sabido que en muchas culturas la mujer ocupa un lugar alterno al del hombre, careciendo en el proceso de muchos derechos.
En el centro del cumplimiento de este derecho humano, está la UNESCO, el cual está ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y otros tantos instrumentos internacionales que también forman parte clave en el cumplimiento de este derecho. El hacer cumplirlo constituye la misión de la Agenda Mundial de Educación de 2030, así como el objetivo principal del ODS 4 (Objetivo de Desarrollo Sostenible 4). El mismo se basa en asegurar el disfrute pleno del derecho a la educación, el cual ayude a alcanzar un desarrollo sostenible.
No debemos olvidar que la educación es el instrumento principal que le permite a niños y adultos de clases sociales más bajas, el tener acceso a oportunidades que los ayuden a salir de su situación precaria y poder contribuir al desarrollo en sociedad.
Las normativas existentes de las Naciones Unidas y la UNESCO establecen leyes que estipulan que es necesario que exista igualdad de oportunidades para todas las clases sociales en el ámbito educativo.
Es misión de la UNESCO asistir a todos los estados para que estos tengan herramientas y puedan elaborar sus propios marcos jurídicos que fomenten las condiciones educativas de cada estrato para una educación de calidad. De la misma forma, corresponde a los gobiernos del mundo el cumplimiento de estos marcos, referentes a suministrar educación para todos y seguimiento de políticas educativas en cada uno de los centros.
¿Dónde recae la importancia del derecho a la educación?
Es importante reconocer a la educación como la herramienta de cambio principal para el mundo. La misma le brinda a las personas oportunidades para planificar su futuro y su vida, pero también para la comunidad en la que viven. Una sociedad con un acceso equitativo a la educación es una sociedad que tendrá más recursos para desarrollarse, para buscar soluciones novedosas a problemas cotidianos y a su vez, será más elegible para participar en intercambios políticos, culturales y económicos con otras comunidades del mundo.
La educación posee un carácter tan pluralista, que influye en otros aspectos de la vida, como lo son la salud, la planificación reproductiva y familiar, el trabajo, entre muchas más. Por eso se hace tanto hincapié en que la misma debe ser libre, gratuita y directa. Es por esta razón que los organismos internacionales trabajan por proyectar y llevar a cabo proyectos de ley en distintos países de todo el mundo, que permitan brindar a cada miembro de la sociedad aunque sea un mínimo de oportunidades para educarse, conforme a diversos estándares de exigencia internacional ya establecidos.
Ahora, tomando como modelo el esquema 4-A propuesto por las Naciones Unidas, podemos decir que el derecho a la educación debe estar establecido bajo las siguientes características:
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Disponible:
Hace referencia a la presencia de centros educativos a lo largo del territorio de cada país, esto relacionado con las necesidades que pueda poseer cada población. Cada centro debe contar con infraestructura mínima, la cual tiene que estar adecuada para tener alumnos durante un periodo de estudio, y al mismo tiempo, debe contar con los materiales necesarios que permitan que la educación sea didáctica y herramientas pedagógicas que permitan el aprendizaje.
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Aceptable:
Yendo un poco más del lugar donde será impartida, cada institución debe tener un currículo que esté avalado por el ente gubernamental correspondiente. El contenido debe ser tanto cultural como socialmente aceptado, tanto por los alumnos como por sus representantes.
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Adaptable:
Cada programa de estudio debe ser adaptable a los cambios que sufra la sociedad, así mismo, los profesionales de cada centro deben ser capaces de poder reconocer y propiciar dichos cambios, y a su vez, deben ser los entes de cambios para cada currículo.
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Accesible:
Se establece que ningún alumno debe tener prohibido el ingreso a cada institución bajo ninguna circunstancia, así como ser sometidos a discriminación o cualquier cosa que impida su capacidad de estudio. Por otra parte, el acceso a cada centro debe tener el mejor estado posible, el cual no impide físicamente el tránsito hacia la escuela o de la escuela a cada uno de los hogares de los alumnos.
En relación con todo lo que hemos planteado, es aceptado de forma mundial la importancia de la educación en la formación de nuevas políticas públicas que permitan su libre ejercicio. En el año de 1966 se firma el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y en el mismo se establece que el papel del estado es fundamental para el desarrollo de políticas educativas, ya que el mismo es un garante que proveerá la estructura y recursos que conforman una educación de calidad. Por mucho que existan diversas instituciones que también tengan la misión de llevar la educación a todos los estratos, es el Estado el principal responsable y el que marca el camino para supervisar los contenidos que se imparten en cada país. De igual manera, este debe garantizar que las instituciones educativas cuenten tanto como con los recursos físicos y humanos que permitan el desenvolvimiento de sus actividades diarias.
En el caso de España, han habido diversos cambios judiciales en los que a materia de derecho a la educación se refiere, veamos algunos de ellos a través de los años:
Del 1978 al 2006:
- En el año de 1978 la Constitución de España establece en su artículo 27 que en lo referente a materia de derechos educativos, existe un “pacto escolar” en el cual convergen tanto actores políticos como distintas ideologías. Se consagra la libertad de enseñanza, así como el derecho a la educación de todos. Así mismo, se permite la creación de centros educativos, pero se recalca que la máxima responsabilidad en la creación de los mismos recae en los poderes públicos, de tal forma que esto pueda garantizar el derecho de manera universal. Por otro lado, es derecho de cada familia el elegir qué formación o instrucción religiosa quieren para sus infantes, y el profesorado posee cierta libertad en la instrucción de sus cátedras correspondientes.
Es importante señalar que todas las libertades y garantías que establecen en esta norma se sujetan al hecho de buscar que la educación permita un desarrollo pleno de la personalidad, así como el respeto por cada uno de los principios democráticos y las libertades fundamentales.
Es en el año 2006 que con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, hay un cambio en materia educativa con la implementación de una Educación para la Ciudadanía Democrática, a través de la Ley Orgánica de Educación (LOE). En la misma se adjuntan cuáles deben ser las enseñanzas mínimas, que competencias y contenidos se deben impartir y qué carga horaria tendrá cada materia. Su propuesta se articulaba bajo cinco aristas principales: primero tenía que existir igualdad entre hombres y mujeres, ya que esto enseñaría a cada alumno a valorar la igualdad de derecho sin distinción de derecho y evitando así la discriminación; en segundo lugar se busca educar sobre la tolerancia y la libertada, así como la prevención en vez de la búsqueda del conflicto, siempre buscando la salida más pacífica y racional para cada uno; en tercer lugar la enseñanza de derechos humanos y valores constitucionales, impartir el conocimiento de cómo funciona un sistema democráticos y la constitución española; en cuarto el respeto por la diferenciación humana, lo que permite fomentar el respeto por la diversidad cultural, por la individualidad del ser humano y la no descremación de personas con discapacidad; por último el enseñar sobre responsabilidad ciudadana, haciendo hincapié en resaltar el compromiso con diversos aspectos como la vida en la sociedad actual, el tener respeto por el ambiente y buscar la cooperación con otras naciones.
Todas estas enseñanzas se desarrollaban a través de la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, la cual se impartía durante los últimos ciclos de la Educación Primaria y en uno de los tres primeros de ESO; más adelante se vería en la Educación Ético Cívica en cuarto año de ESO y en Filosofía y Ciudadanía de primer año de bachillerato.
De 2006 a 2013:
- Luego de las elecciones generales de 2011 y bajo el régimen de Mariano Rajoy se implementó la conocida LOMCE, la cual eliminó de forma paulatina la Educación para la Ciudadanía del currículo académico español. En contraposición a la LOE, la LOMCE buscaba desmontar esa idea de educación transversal a lo largo de los diferentes estratos de la carrera académica, y proponía que las nuevas asignaturas de Valores Sociales y Cívicos y Valores Éticos se impartirán en todos los cursos, pero no como asignaturas obligatorias sino como optativas.
Sin embargo, estas dos nuevas asignaturas propuestas en la LOMCE no podían considerarse las sucesoras de las antiguas materias, principalmente por dos cosas: primero que estas materias que eran “alternativas” a la de Religión, no estaban cumpliendo (en cuanto a contenido se refiere) con el compromiso que tenía el Estado Español que dictaba que se debía dar una educación cívico democrática y en derechos humanos, ya que excluían una parte significativa de los contenidos de derechos humanos que eran recomendación del Consejo de Europa; por otra parte, al eliminar el enfoque transversal que tenía la LOE, se termina con lo que constituía el esqueleto del currículo académico en materia de enseñanza de derechos humanos.
De 2013 a 2020:
- En años recientes, en 2019 el gobierno elaboró un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE). En el mismo se señala que existirá una materia llamada “Educación en Valores Cívicos y Éticos” y en dicha materia se orientará la atención hacia el aprendizaje de los derechos humanos, de la constitución española, a la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto hacia la diversidad. Esta ley se rige por cuatro aspectos importantes: 1) la inclusión de un enfoque de derechos de la infancia; 2) enfoque de igualdad de género, con respeto marcado hacia la diversidad tanto afectiva como sexual; 3) se vuelve a plantear un enfoque de enseñanza transversal en el que se quiere la personalización del aprendizaje; 4) por último se da importancia a impartir el desarrollo sostenible, de acuerdo a lo que lleva la agenda de 2030 dada por la UNESCO.